Valladolid, Viernes 22 de mayo de 2009.

Durante la clausura del IX Curso sobre la Inspección de los Tributos Locales, celebrado en el Museo de la Ciencia de Valladolid, el presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, Miguel Ángel García Nieto consideró “éste un momento y lugar idóneos para trasladaros la voz de los alcaldes y alcaldesas de los 2.248 Municipios, con que cuenta Castilla y León, más de la cuarta parte del total de los municipios españoles, y de los Presidentes y Presidentas de las 9 Diputaciones Provinciales”.

Según García Nieto “dado que la crisis económica que estamos sufriendo en España, ha situado a los Entes Locales en una posición insostenible, necesitamos recursos para poder seguir soportando la carga de servicios que ofrecemos, no solo porque prestamos servicios no obligatorios, sino por las nuevas realidades sociales, como, por ejemplo, el crecimiento constante del padrón por la llegada de la inmigración, aumento de las demandas de asistencia social y de políticas de empleo, disminución de los ingresos por la actividad urbanística, así como el difícil cumplimiento de los requisitos de estabilidad presupuestaria a pesar de los planes de austeridad que muchos municipios ya han aprobado. El Sector Local es, sin duda, el nivel administrativo que los ciudadanos perciben más próximo, y al que dirigen con mayor intensidad sus demandas de más y mejores prestaciones de servicios públicos. En este contexto de presión social por conseguir un mayor gasto local, es patente uno de los males endémicos de la Hacienda Pública municipal: su insuficiencia financiera a la hora de dar respuesta a estas demandas. Sin menoscabo de la existencia de otros ámbitos de interés en al gestión pública local, es preciso subrayar que la principal preocupación del ciudadano, en calidad de contribuyente, se centra en el uso y destino de los recursos públicos. Cualquier iniciativa a promover la transparencia en la gestión económica municipal y la eficiencia de sus actuaciones en materia financiera constituye el único camino viable para mejorar la imagen de los gobiernos locales frente al ciudadano y renovar la confianza en las instituciones públicas”.

Ademas, el presidente recordó “una vez más desde la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, destacamos la necesidad de impulsar la segunda descentralización y un nuevo modelo de financiación local, que desde noviembre del año 2004 en el que se aprobó por la FEMP la Carta de Vitoria, con motivo del 25 aniversario de los Ayuntamientos Democráticos, ya se había puesto de manifiesto la imperiosa necesidad de elaborar y aprobar una nueva legislación en materia de Gobierno Local y la adecuación de su financiación en función de las competencias asumidas y que este nuevo modelo de financiación de las Entidades Locales se realizara de manera urgente y simultánea al de las Comunidades Autónomas, y en la última Asamblea General de la FEMP, que tuvo lugar en el mes de noviembre de 2007, se aprobó otra resolución en el mismo sentido. Desde entonces, hasta hoy, todas estas demandas del municipalismo han sido desoídas o incumplidas por el Gobierno de la Nación. Tenemos que dejar de ser los hermanos pobres y patitos feos de la Administración Pública, dado que cuando un vecino tiene un problema, al primero que acude es a su alcalde. Dos de las principales fuentes de ingresos de los ayuntamientos, el cobro de los tributos, principalmente los relacionados con la actividad urbanística (el de construcción y obras, y el de plusvalías), y la venta de los solares obtenidos por la cesión obligada de las promociones, han sufrido un desplome, por lo que ha generado en algunas corporaciones graves problemas de liquidez y la adopción de medidas urgentes para contener el gasto. Resulta necesario aumentar la cuantía de la línea destinada a financiar los retrasos en los pagos a las empresas que hoy acumulan muchos ayuntamientos, así como avalar con la garantía del Estado emisiones de deuda de los principales consistorios para facilitar la colocación de estas emisiones. En este contexto, teniendo en cuenta que de los 8.000 millones del Fondo de Inversión Local, aproximadamente 1.100 serán recuperados por el Estado en concepto de IVA generado en la contratación de las obras, solicitamos al Gobierno de la Nación que esta cantidad se redistribuya a los Entes Locales como transferencia para operaciones corrientes”.